El gas lacrimógeno y la tortura u otros malos tratos
Existe un consenso creciente entre los especialistas jurídicos sobre que algunos usos del gas lacrimógeno pueden constituir tortura u otros malos tratos. La tortura se define en el derecho internacional como causar intencionadamente dolor o sufrimiento grave. Para que sea tortura, el dolor o sufrimiento ha de infligirse con la intención de obtener información o una confesión, o el propósito de castigar, y deben ser actos cometidos por un funcionario público o con su consentimiento o aquiescencia (Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes). Amnistía Internacional ha documentado numerosos casos de dolor o sufrimiento grave causado por gas lacrimógeno, como quemaduras graves, asfixia y problemas respiratorios a largo plazo, así como casos en los que su uso es claramente punitivo. Teniendo esto presente, nuestra conclusión es que en estos casos el uso del gas lacrimógeno constituye tortura con arreglo al derecho internacional.
Nils Melzer, relator especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ha argumentado que el uso de armas menos letales como el gas lacrimógeno “con el fin de infligir dolor o sufrimiento intencional y resueltamente a una persona indefensa” —por ejemplo, cuando se dispara gas lacrimógeno directamente contra una persona o se utiliza en espacios cerrados— constituye tortura u otros malos tratos.
El derecho internacional impone a los Estados las obligaciones específicas de prevenir la tortura y otros malos tratos, investigar los casos, penalizar la complicidad en tales actividades y proporcionar reparación a las víctimas. Existe un reconocimiento creciente de que esto implica prohibir el comercio de materiales como el gas lacrimógeno, cuando exista un alto riesgo de que se utilicen para cometer tortura y otros malos tratos.
La regulación del comercio del gas lacrimógeno
A pesar de que su uso indebido es generalizado, no se ha acordado ninguna normativa internacional sobre el comercio de agentes de represión de disturbios como el gas lacrimógeno. Cada Estado aplica normas diferentes, y en algunos el comercio continúa en gran medida sin estar regulado. Muy pocos Estados ofrecen información pública sobre el volumen y destino de las exportaciones de gas lacrimógeno, lo que dificulta la vigilancia por la sociedad civil.
Amnistía Internacional trabaja estrechamente con la Fundación de Investigación Omega desde hace más de 20 años haciendo campaña en favor de mayores controles sobre la producción, el uso y el comercio del gas lacrimógeno y otras armas menos letales. Como consecuencia, la ONU y organismos regionales como la Unión Europea y el Consejo de Europa han reconocido la necesidad de regular la exportación de armas menos letales.
Una vía posible para la creación de un instrumento internacional jurídicamente vinculante que regule el comercio del gas lacrimógeno es la recién creada Alianza por un Comercio sin Tortura.
El 18 de septiembre de 2017, la Unión Europea, Argentina y Mongolia presentaron la Alianza por un Comercio sin Tortura en un acto paralelo a la Asamblea General de la ONU celebrada en Nueva York. Más de 60 Estados de todas las regiones del mundo se han adherido hasta la fecha y la ONU se ha comprometido a examinar la viabilidad y el alcance de unas normas internacionales en este ámbito. Amnistía Internacional está haciendo campaña en favor de la inclusión de los agentes de represión de disturbios, entre ellos el gas lacrimógeno, en cualquier marco regulador internacional.
Metodología del gas lacrimógeno
En 2018, Amnistía Internacional empezó a catalogar vídeos de casos actuales y pasados del uso indebido de gas lacrimógeno en todo el mundo. Especialistas en verificación de vídeos que trabajan con Evidence Lab, del Programa de Respuesta a las Crisis de Amnistía, con la ayuda del Cuerpo de Verificación Digital de Amnistía Internacional —con sede en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Essex—, el Centro para la Gobernanza y los Derechos Humanos de la Universidad de Cambridge, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Berkeley, el Programa sobre Derecho internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Toronto y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Pretoria, han verificado cerca de 500 vídeos y han subrayado para esta plataforma casi 80 casos de uso indebido del gas lacrimógeno en 22 países y territorios, confirmando lugar, fecha y validez. Los equipos clasificaron estos vídeos en cinco categorías de uso indebido: en manifestaciones pacíficas, contra personas vulnerables, en espacios cerrados, en cantidades excesivas y directamente contra personas. Su selección se basó parcialmente en el documento de directrices de la ONU sobre el uso de armas menos letales para hacer cumplir la ley.
En asociación con la Fundación de Investigación Omega, especializada en identificación de armas, Amnistía analizó diversos lanzadores y cartuchos de gas lacrimógeno que aparecen en los medios de comunicación verificados para identificar las empresas proveedoras de estas armas. Posteriormente, Amnistía Internacional contactó con ellas a fin de recabar información sobre sus políticas y procedimientos de diligencia debida para abordar las posibles repercusiones de la exportación de sus productos y servicios en los derechos humanos.
Amnistía Internacional trabajó asimismo con SITU Research en una reconstrucción virtual del funcionamiento de un cartucho de gas lacrimógeno. El vídeo incluye simulaciones que ilustran cómo un cartucho de gas lacrimógeno puede actuar como un proyectil, especialmente si se dispara contra personas concretas, y también cómo se extiende el gas cuando se usa excesivamente o en un espacio cerrado. Estas visualizaciones permiten comprender mejor por qué los cartuchos de gas lacrimógeno han causado tantas lesiones y algunas muertes.
Conviene señalar algunos puntos en relación con los métodos:
Pruebas obtenidas de medios de comunicación
Amnistía Internacional utilizó técnicas de investigación basadas en fuentes de información OSINT (información de fuentes abiertas) para recopilar y verificar todos los recursos de medios incluidos en la plataforma. Muchos vídeos se obtuvieron de plataformas de redes sociales, entre ellas Instagram, Facebook, YouTube y Twitter. Los vídeos se editaron cuando se consideró que era necesario para proteger la identidad de las personas implicadas. Cuando fue posible se recabaron, de manera independiente, testimonios de testigos y manifestantes presentes en las situaciones documentadas. Muchos de los testimonios se mantienen en el anonimato para proteger la identidad de la persona.
Investigación
La información incluida en la plataforma se adquirió a través de investigación independiente y entrevistas a especialistas en toxicología y salud. La información sobre sustancias químicas incluida en el apartado “¿Qué contiene?” de la plataforma se tomó originalmente del Centro Nacional para la Información Biotecnológica de Estados Unidos. La información incluida en el apartado “Consecuencias para la salud” de la plataforma se tomó originalmente de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos y de la organización Physicians for Human Rights.
Entrevistas
Amnistía Internacional se puso en contacto con varios especialistas en la materia para entrevistas sobre los distintos aspectos del gas lacrimógeno. Las entrevistas se realizaron remotamente y en persona. Se entrevistó a:
Rohini Haar, médica de urgencias e investigadora, Universidad de Berkeley
La doctora Rohini Haar es médica de urgencias con conocimientos especializados sobre salud y derechos humanos. Su trabajo se centra en la protección de los derechos humanos durante conflictos y crisis humanitarias complejas. Está especialmente interesada en la protección del personal sanitario y los servicios de atención de la salud. Es investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Berkeley y trabaja clínicamente en el Centro Médico Kaiser en Oakland, California. Rohini Haar se doctoró en Medicina por la Escuela de Medicina Pritzker de la Universidad de Chicago y tiene un máster en Salud Pública por la Escuela de Salud Pública Mailman de la Universidad de Columbia.
Graham Dossett, especialista en actuación policial y derechos humanos, Universidad de Essex
Graham Dossett fue agente de policía en Reino Unido durante 30 años y se retiró con el rango de superintendente (grado superior). Tras jubilarse del servicio policial, Graham Dossett cursó un máster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Essex. Graham Dossett es licenciado en Formulación de Políticas y Administración y profesor colegiado del Chartered Institute Of Personnel and Development. Actualmente trabaja como asesor independiente en el ámbito de la actuación policial y los derechos humanos. Es profesor invitado en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Essex.
Tara van Ho, especialista en empresas y derechos humanos, Universidad de Essex
Tara van Ho ingresó en la Facultad de Derecho y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Essex en enero de 2018. Sus principales intereses en materia de investigación son las empresas y los derechos humanos, la legislación sobre inversiones y los derechos humanos, los derechos económicos, sociales y culturales, y la justicia transicional. Es copresidenta de la Global Business and Human Rights Scholars Association y miembro de la junta editorial de Business and Human Rights Journal, y además codirige Essex Business and Human Rights Project, proyecto en el que asesora a Estados, OIG, ONG y empresas sobre asuntos relacionados con actividad empresarial, inversión y derechos humanos. Tara Van Ho estudió derecho en la Universidad de Cincinnati y tiene un máster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y un doctorado en Derecho por la Universidad de Essex.
Anna Feigenbaum, profesora asociada de Comunicación y Medios Digitales, Universidad de Bournemouth
Anna Feigenbaum es profesora asociada de Comunicación y Medios Digitales en la Universidad de Bournemouth. Antes de entrar en el Departamento de Periodismo, Inglés y Comunicación fue profesora de Medios de Comunicación y Política en la Universidad de Boston de 2013 a 2015. Con anterioridad, Feigenbaum había enseñado en Richmond, la universidad estadounidense en Londres, y había sido profesora invitada en el Centro de Análisis Histórico de la Universidad Rutgers, la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres y el Instituto de Investigación Histórica de la Universidad de Londres. Se licenció en la Universidad McGill en 2008 con un doctorado en Estudios de Comunicación. La investigación doctoral de Feigenbaum sobre comunicación y creatividad en los campamentos pacifistas de mujeres contó con el apoyo del Consejo de Investigación de Ciencias Sociales y Humanidades de Canadá y el Fondo Beaverbrook de la Universidad McGill.
Ara Marcén Naval, exdirectora adjunta de Amnistía Internacional sobre Control de Armas y Derechos Humanos
Ara Marcén Naval dirige actualmente el trabajo de incidencia global para el Programa de Defensa y Seguridad de Transparencia Internacional, que dirige sus esfuerzos a señalar el nexo entre corrupción, conflicto e inseguridad. Ara es especialista en derechos humanos y ha sido directora adjunta de Amnistía Internacional para Asuntos Globales, donde ha dirigido el trabajo global de investigación y campaña sobre asuntos como el comercio de armas, el comercio de la tortura, las armas de uso policial y el uso de armas inhumanas en todo el mundo, así como otros asuntos relacionados con el desarme. Con más de 20 años de experiencia en incidencia y formulación de políticas, ha trabajado en diversos asuntos relacionados con el control de armas, incluido el Tratado sobre el Comercio de Armas, y ha tenido un papel fundamental en la campaña global para conseguir la adopción de un Tratado sobre el Comercio de Armas en 2013, que entró en vigor en diciembre de 2014, y que se aborde el comercio de la tortura, actualmente objeto de debate en la ONU. Ara tiene un máster en Derecho y otro en Derecho y Políticas de la Unión Europea, así como varios cursos especializados en derechos humanos y derecho internacional humanitario.
Empresas
Amnistía Internacional se puso en contacto con las siguientes siete empresas cuyos productos aparecen en el sitio web: Condor Tecnologias Não-Letais, Cavim, DJI, Falken, PepperBall, The Safariland Group y Tippmann Sports LLC. Estas empresas fabrican gas lacrimógeno y lanzadores asociados y, en el caso de DJI, drones no específicamente diseñados para lanzar gas lacrimógeno. Amnistía Internacional les facilitó información sobre los incidentes que Amnistía Internacional incluye en el análisis de sus productos, y les planteó una serie de preguntas relacionadas con sus políticas y procedimientos de diligencia debida en materia de derechos humanos.
Dos empresas, DJI y Tippmann Sports LLC, respondieron de manera sustantiva. Un portavoz de DJI respondió: “DJI fabrica productos exclusivamente con fines pacíficos, y deploramos todo uso de nuestros productos que cause daños [...]. No obstante, nuestros productos pueden adquirirse libremente en los mercados y no podemos controlar cómo se usan; tampoco vigilamos su uso por parte de nuestros clientes porque supondría una violación de su intimidad.”
Tippmann Sports LLC ofreció una respuesta pormenorizada: “Tippmann apoya rotundamente la promoción de prácticas respetuosas con los derechos humanos en todo el mundo [...]. Por desgracia, no podemos hacer ningún comentario sobre el uso de nuestros productos en el vídeo al que se refieren, ya que ni Tippmann ni su personal participaron en el incidente [...]. Nos regimos por las estrictas políticas de exclusión establecidas por el gobierno de Estados Unidos y dependemos del gobierno para tomar decisiones sobre si un Estado es apto para recibir tales productos menos letales [...]. Tippmann no puede vigilar el uso de sus productos sobre el terreno, y por tanto no recopila datos sobre las lesiones o muertes causadas por su equipo.”
Quién es Amnistía Internacional
Amnistía Internacional, premiada con el Nobel de la Paz, es un movimiento global de más de 7 millones de personas que trabajan en favor del respeto y la protección de los derechos humanos. La organización investiga y saca a la luz abusos, educa y moviliza a la opinión pública, y trabaja para proteger a la gente allí donde se le niega verdad, justicia, libertad y dignidad.
Quién es SITU Research
SITU Research es un departamento de investigación visual que desarrolla nuevas formas de elaborar informes enfocadas a eliminar el ruido digital y amplificar la verdad. El trabajo de SITU se utiliza en contextos jurídicos, periodísticos y de incidencia.
Quién es la Fundación de Investigación Omega
La Fundación de Investigación Omega es una organización independiente con sede en Reino Unido que realiza investigaciones rigurosas, objetivas y basadas en datos sobre la fabricación, el comercio y el uso de tecnologías militares, de seguridad y policiales (MSP).
Nota sobre la protección frente al trauma vicario
La observación de abusos contra los derechos humanos es traumática en el mejor de los casos, y tanto Amnistía Internacional como SITU Research tomaron importantes medidas para proteger el bienestar de los equipos de investigación a lo largo del proyecto.
Siguiendo los consejos y directrices de organizaciones como DART Centre, First Draft News, Human Rights Resilience Project y del Citizen Evidence Lab de Amnistía Internacional, procuramos que sólo vieran lo peor del contenido quienes tenían que verlo necesariamente y que todos los miembros de los equipos de investigación recibieran el apoyo que pudieran necesitar, y además creamos un ambiente de equipo que permitiera a cada miembro del equipo compartir sus experiencias.
En toda investigación sobre violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario debe tenerse en cuenta el posible impacto traumático en el equipo de investigación, con independencia de que esté sobre el terreno o trabaje a distancia, para asegurarse de que tienen a su disposición estructuras de apoyo adecuadas.
Crédito de la fotografía
“¿Cómo es su uso indebido?” Fotografía de Jeremy Bishop en Unsplash